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El 3 de julio, convocado el grupo de temporalidad y empleo dependiente de la Mesa General de Negociación de la AGE, ha tenido lugar la primera reunión sobre el proyecto de Real Decreto de Oferta de Empleo para nuestra Administración.
Una reunión precipitada y pobre que hace vaticinar un proceso de negociación de las mismas características. Este Gobierno y los responsables de esta Administración no terminan de apearse de la unilateralidad en las decisiones que afectan al empleo. No es casual, alguien sigue empeñado en amortizar gastos utilizando esta variable a pesar de que la realidad demuestra que solo cabe hacerlo poniendo en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos.
Por parte de Función Pública se aporta una información muy básica referida a la AGE, cuantificando el volumen de efectivos perdidos a lo largo de 2016 que alcanza la cifra de 7.636. La tasa de reposición establecida en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente año salva en nuestra Administración un total de 6.859 y nos deja con una pérdida de empleo de más de 770 puestos.
La Administración pretende envolver este aspecto en una supuesta mejora relativa sobre el número de plazas del pasado año (15%) pero es imposible olvidar que ello ocurre porque en el año 2016 el número de empleos perdidos por las diferentes causas ha sido sensiblemente superior.
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